Exclusión residencial y políticas de vivienda en Europa

La dimensión económica de la exclusión residencial: la falta de vivienda asequible

Pese a la mejora del contexto macroeconómico de los últimos años, la exclusión residencial en Europa es un grave problema social de carácter estructural que todavía está muy lejos de ser resuelto. En 2017, un 10,2% de los hogares europeos (unos 23 millones de hogares) debían destinar más del 40% de sus ingresos a satisfacer el coste de su vivienda, incluyendo en este cómputo, además del alquiler o la cuota hipotecaria⁵, los gastos del servicio de agua y de electricidad, el combustible, el alcantarillado, la basura, el seguro del hogar, el impuesto de bienes inmuebles y, en su caso, otros impuestos municipales.

Es lo que se conoce como situación de sobrecarga o sobreesfuerzo a la vivienda (housing overbuden), ya que se considera este porcentaje como el umbral máximo admisible para las economías familiares para poder disponer de recursos económicos suficientes para satisfacer otras necesidades básicas como la comida, la ropa o el transporte.

Asimismo, es importante tener presente que la capacidad para satisfacer el coste de la vivienda se relaciona directamente con determinadas variables territoriales y socioeconómicas. En concreto, las tasas de sobrecarga a la vivienda son particularmente elevadas: entre los hogares que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, es decir, los que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la renta nacional media (37,8%); entre las que viven en el segmento de alquiler privado (26,3%); entre los hogares monoparentales (21%); entre las personas jóvenes de entre 18 y 24 años (12,7%), y entre aquellas que viven en ciudades⁶ (12,5%).

La dimensión física de la exclusión residencial: la falta de rehabilitación

Gracias al aumento de los estándares constructivos en la obra nueva, y en las actuaciones de rehabilitación y mejora urbana llevadas a cabo, las condiciones del parque residencial europeo han mejorado progresivamente en los últimos años. Sin embargo, un segmento de este parque todavía presenta déficits cualitativos importantes. Uno de los problemas más extendidos es la insuficiencia de superficie de las viviendas para poder desarrollar las actividades de la vida doméstica de forma correcta y confortable.

Esta inadecuación tiene una dimensión física, el propio espacio, pero la falta de recursos económicos es un factor clave. Algunos hogares sólo pueden acceder a un apartamento pequeño en el segmento del mercado más económico. En otros casos, la estrategia para reducir el coste de la vivienda pasa por compartirlo con otras personas o núcleos familiares. En 2017, en Europa un 15,7% de los hogares vivía en viviendas sobreocupadas de acuerdo con la definición⁷ hecha por Eurostat.

Otras formas de exclusión residencial con una elevada incidencia en el conjunto de Europa son:

• el hecho de vivir en unas condiciones ambientales inadecuadas dentro de la vivienda o en su entorno (un 14,1% de los hogares debe soportar malos olores, altos niveles de polvo o humo, o no dispone de un servicio de agua potable)
• sufrir problemas de humedades dentro de casa (un 13,3% de los hogares)
• la pobreza energética (hasta un 7,8% de la población europea es incapaz de mantener su casa a una temperatura adecuada).

Tendencias en las políticas de vivienda europeas: la falta de medidas estructurales

Ante estas cifras, es obvio que las políticas de viviendas llevadas a cabo en Europa son insuficientes. En materia de presupuesto, se estima que el conjunto de países europeos deberían aumentar su gasto en un mínimo de 57 mil millones de euros anuales para poder reducir a unos ritmos adecuados la falta de vivienda asequible (en términos físicos y económicos) y energéticamente eficiente.

Otro grave problema es su enfoque. Por un lado, el gasto público en política de vivienda se orienta en muchos países a fomentar la propiedad, sobre todo mediante incentivos fiscales dirigidos a los hogares con ingresos medios o elevados y, por tanto, excluye el segmento de población más vulnerable y con mayores necesidades, los hogares con bajos y muy bajos ingresos.

Y por otro lado, el apoyo público a los hogares arrendatarias se basa cada vez más en las ayudas directas (el gasto público en estas subvenciones creció casi un 50% entre los años 2009 y 2015 en el conjunto de la Unión Europea), en detrimento de medidas más de carácter estructural como el alquiler social (el gasto público en desarrollo residencial cayó un 44% durante el periodo mencionado).

Por suerte, existen algunas excepciones en el contexto europeo que nos permiten vislumbrar el futuro con alguna dosis de optimismo. Por ejemplo, los Países Bajos y Austria, con un 30% y 24% respectivamente de vivienda social, son un referente para cualquier país que se plantee como objetivo el desarrollo de medidas estructurales en este campo.

El programa⁸ finlandés de atención a las personas sin techo basado en el modelo Housing First ha reducido de forma sustancial su número en los últimos años. Y la inclusión de la vivienda en el Pilar europeo de derechos humanos adoptado por la Comisión Europea en 2017 pone de relieve la creciente importancia de la vivienda en la agenda política comunitaria, por lo que, es razonable pensar en una mayor implicación económica y legislativa de la Unión Europea en la reducción de los actuales niveles de exclusión residencial.